Vacunas obligatorias, pequeños empujones y acción estatal

Peter Singer, uno de los filósofos más importantes de la actualidad, acaba de recomendar la vacunación obligatoria contra el Covid. Para él, se trata de una medida justificada moralmente. Utiliza una analogía interesante: la obligación del uso del cinturón de seguridad. Esta es una pequeña intervención compulsiva, realizada a muy bajo costo para los sujetos, que puede salvar muchas vidas. Ya nadie discute –insiste Singer– esta mínima “afectación de la libertad”. Lo mismo ocurriría con la obligatoriedad de la vacunación.

Aquí, sin embargo, me gustaría sugerir una estrategia diferente para incentivar este tipo de decisiones. Antes que la imposición de precios, en términos económicos, o de sanciones, en términos jurídicos, el Estado debería motivar a los sujetos a hacer lo correcto. En un contexto de oposición a las vacunas, descreimiento sobre sus efectos positivos y desconsideración de los daños por la falta de inmunización, la actuación estatal debería asumir otra dirección: motivar a los ciudadanos para que tomen decisiones más racionales.

Sin embargo, sabemos que en muchos casos vivimos “sesgados”. Daniel Kahneman, psicólogo y premio Nobel de Economía, demostró que los seres humanos somos menos racionales de lo que suponemos. Parte de esa limitada racionalidad se explica por un conjunto de sesgos cognitivos que dominan nuestras decisiones. Ellos son desvíos previsibles de la racionalidad.

Estas investigaciones ayudan a comprender afirmaciones cotidianas. Por ejemplo, es usual que quienes descreen de las vacunas refuercen sus convicciones si alguien vacunado fallece. Aun cuando ese caso puede tener explicaciones alternativas, encuentran razones para aseverar que las vacunas son inocuas o un veneno. El “sesgo de la confirmación” hace su aparición. Ellos descreen de las pruebas y de las informaciones que refutan sus posiciones previas y sólo aceptan las que confirman sus asunciones.

Para afrontar esta situación, Richard Thaler y Cass Sunstein desarrollaron una teoría útil en el diseño de las políticas públicas. En Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness (en español, Un pequeño empujón. El impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad), emplearon la economía conductual para demostrar cómo pequeñas acciones estatales pueden hacer que tomemos mejores decisiones. Sin imponer costos severos y castigos a los agentes. Su teoría está enraizada en lo que llaman “paternalismo libertario” y el medio que emplean para eso son los nudge.

Un nudge, traducido a nuestro idioma como “pequeño empujón”, consiste en considerar la “arquitectura de la decisión” de los agentes de manera tal que cualquier alteración modifica el comportamiento de las personas de modo predecible. Esta intervención es realizada sin prohibir ninguna opción o cambiar sus incentivos económicos.

Esta idea se ha esparcido por el mundo. Varios países y organizaciones internacionales crearon las llamadas “unidades del comportamiento”. Su objeto principal es someter las políticas públicas a los requerimientos de las ciencias de la conducta para mejorar su impacto. Nuestro país no es ajeno a este movimiento: el Gobierno nacional creó la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Esta organización evaluará el impacto de las intervenciones y cómo incidir sobre las decisiones que adoptamos por sesgos o por cualquier otra razón.

Pienso que el Estado debería recurrir al “pase sanitario” aplicado en Francia para el ingreso a lugares públicos. La exigencia de la presentación del carné vacunatorio para ingresar a bares, a locales comerciales o a otros establecimientos incide de manera indirecta sobre los ciudadanos. Los incita a comportamientos que tienen efectos socialmente beneficiosos, aun cuando los vincula a un comportamiento individual.

Estas medidas generan incentivos para la vacunación voluntaria. Pero, también, descontento: un tribunal español, por ejemplo, sostuvo que estas acciones eran intolerables porque excluían a ciertos ciudadanos del disfrute de la totalidad de las posibilidades de su libertad.

Ahora bien, estas decisiones no tienen en cuenta que la libertad, considerada en esos términos, genera costos sociales muy altos. Evitar este costo se traduce en un argumento también planteado por Singer: “el principio del daño”. Según este, la intervención estatal está justificada para prevenir daños a terceros. La falta de vacunación genera daños para nada despreciables.

Investigadores de la Universidad de Yale, Bocconi y la London School of Economics demuestran que “pequeños empujones” son útiles para aceptar “pasaportes sanitarios”. Por eso, pueden ser más eficaces que medidas compulsivas. Además, sirven para que los descreídos tomen por sí mismos la decisión correcta.

El derecho debe atender los efectos de malas decisiones individuales, pero también considerar las externalidades de una intervención coactiva y sancionatoria agresiva. Los “pequeños empujones” pueden dar esa respuesta, sin pagar ninguno de los costos asociados. Ellos pueden hacer ver al agente que estas medidas son más usuales de lo que estaríamos dispuestos a aceptar.

Lo importante es reconocer lo obvio: no siempre la opción más simple es la más eficaz. Si lo que se desea es que más sujetos estén comprometidos con la vacunación, no siempre la mejor medida es la imposición de obligaciones y castigos, como puede ser la pérdida de un derecho.

El Estado debe ser más “inteligente” para motivar a quienes no lo son. Los “pequeños empujones” pueden ser útiles para eso.

La tarea de nuestros gobernantes es hacer lo correcto, pero también generar que muchos hagan voluntariamente lo que es más conveniente para todos. Si para eso tiene a su alcance medidas menos restrictivas de la libertad, debe usarlas. Aun cuando sea más difícil que definir e imponer sanciones a quienes no actúan como esperamos.

* Abogado y docente (UNC)