Demanda colectiva contra Movypark: piden multa millonaria y citar a declarar a Mestre

En la demanda colectiva que la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin) presentó en la Justicia federal contra Movypark, la empresa que tuvo la concesión del estacionamiento medido en la ciudad de Córdoba, pidió aplicar una multa millonaria y citar a declarar al exintendente, Ramón Mestre, y el secretario de Servicios Públicos Julio Waiman.

La demanda fue presentada el lunes contra Moypay Plus Mobile Communications Unión Transitoria (Movypark) y la causa está radicada en el Juzgado Federal N°1, de Ricardo Bustos Fierro. A partir de la nueva demanda, el juez corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal para entender en la causa.

Tras quitarle la concesión, el servicio quedó a cargo de la propia Municipalidad, pero sigue habiendo ecos del caso, ya que a principios de septiembre, asimismo, el concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había presentado una denuncia penal contra de la empresa.  

Adcoin, representada por su presidente, el abogado Juan Exequiel Vergara, ya había formulado una demanda anterior pero en la Justicia provincial, en febrero último. Paralelamente, días atrás Movypark Córdoba había confirmado a La Voz una demanda por daños y perjuicios contra la Municipalidad.  

La demanda

La asociación señaló que debido a publicaciones periodísticas y declaraciones de los propios funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, durante octubre de 2019, los usuarios de la aplicación de Movypark en la ciudad de Córdoba “estuvieron expuestos a vulnerabilidades en la protección de datos de información sensible que fueron brindados al proveedor del servicio”. 

El abogado Vergara indicó que no tienen precisiones sobre la cantidad de afectados y explicó que espera que surga de la propia investigación judicial.

“Estamos hablando de datos que fueron proporcionados por los usuarios del servicio que son –sin lugar a dudas- de alta sensibilidad y que merecen la máxima custodia”, señaló y enumeró: “Datos que involucran datos identificativos de tarjeta de crédito/débito que involucran banco emisor y número de tarjeta; nombre del titular de la tarjeta; fecha de emisión y caducidad de la tarjeta; y código de seguridad (PIN)”.

Esos datos requieren, según afirmó, “extrema cautela puesto que permiten realizar compras on line desde cualquier lugar del mundo. Lo cierto es que a la fecha no se conocen los motivos por los cuáles se produjeron estas fallas en el sistema de seguridad que dejaron expuestos los datos de miles de usuarios”.

Para Adcoin, “la empresa no brindó explicaciones ni mucho menos proporcionó información clara, detallada y veraz de todo lo ocurrido. Menos aún se conocen sanciones por parte del poder concedente en referencia a la negligencia y/o imprudencia en el actuar de la demandada”.

La asociación señaló que en el informe periodístico publicado por el periodista Juan Manuel González, de La Voz, se afirmó que “desde una computadora se podía acceder al número de teléfono del usuario, número de DNI, datos identificatorios de la tarjeta, dirección y ubicación del automóvil de cualquier usado que haya compartido datos. Incluso con los datos de la tarjeta vinculada a la cuenta se podía pagar el estacionamiento de un tercero”.

“Se demostraron, con ejemplos, las tres vulnerabilidades más preocupantes: exposición de datos personales y bancarios, uso de la cuenta de un usuario sin su autorización y filtración de patentes y localización de vehículos estacionados”, indicó. 

Se citó al exsecretario de Servicios Públicos municipal Waiman, que había aludido a “esta vulnerabilidad en el sistema”. “En principio, la exposición fue de la base de datos del estacionamiento (…) alrededor de unas 140 mil personas”.

“Todo lo cual da cuenta de la gravedad de la vulnerabilidad del sistema de la empresa concesionaria del servicio, lo cual fue constatado por el poder concedente”, dijo Adcoin y señaló que, a la fecha, “los usuarios cuyos datos se vieron vulnerados no fueron informados por el grave incidente ocurrido y menos aún se les ha brindado –al menos- un pedido de disculpas”.

“Literalmente, la empresa demandada despareció y dejó a sus propios clientes en estado de total incertidumbre sin garantizarles la seguridad de sus datos. No cabe duda que este actuar desaprensivo, abusivo y negligente no se condice con el mandato (y la confianza) conferida por el poder concedente, siendo ello un fiel ejemplo del abuso de posición dominante y del trato indigno con el que se maneja la demandada”, afirmó. 

“Todo esto da lugar y fundamenta el daño punitivo, que en este caso se pide por el monto máximo legal para que nunca más se repita en un futuro. La particularidad que adquiere el presente litigio y otorga mayor fundamentación a objeto que persigue esta acción es que en el mes de marzo de 2020, la Municipalidad -en su calidad de ente condecente- decidió rescindir el contrato con Movypark”.

La demanda focalizó su atención en el “daño punitivo”, por lo cual pidió que Movypark sea condenada a pagar el tope de la multa punitiva prevista en la Ley de Defensa del Consumidor, que es de cinco millones de pesos o el monto superior que el juez considere aplicable. 

Eso, independientemente “al daño causado” y que, “bajo ningún punto de vista, debe suponerse que representa un rubro reparatorio”. En ese sentido, el pedido de la multa como sanción económica tiene una “carácter excepcional” con fines disuasivos, no reparatorios, insistió.

Asimismo, pidió que sea condenada a brindar acceso a la información e informe a los demandantes en la presentación lo que aluda a las filtraciones de datos que se detectaron en la app en octubre (el alcance específico de esas fallas, el motivo que las produjo y los mecanismos utilizados para su corrección).

También que la compañía arbitre los medios pertinentes para proteger la totalidad de datos de los usuarios, sobre todo la información vinculada con tarjetas de crédito y códigos de seguridad. 

Y finalmente que sea condenada a pagar a cada uno de los usuarios demandantes el equivalente al triple de la tarifa de estacionamiento por el tiempo que duró la filtración de sus datos más intereses hasta el momento del cumplimiento, y que, a su vez, reembolse el saldo a favor desde la fecha en que el servicio dejó de estar operativo y/o se rescindió el contrato (más sus intereses), como adelantó 
La Voz
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Si bien desde el municipio se reconoció que Movypark transfirió fondos a la cuenta municipal, al no tener el detalle de usuarios y los distintos pagos, cánones, montos por saldos a favor y otros ítems, no es posible realizar la entrega de saldos a cada cliente.

Peritajes

Entre las medidas solicitadas, pidió citar a declarar al exintendente Ramón Mestre, al exsecretario Julio Waiman, al periodista González. Además solicitó un peritaje contable e informático para saber el nivel de seguridad informática de la app de Movypark en la actualidad y el nivel de seguridad en las últimas actualizaciones.

Pidió conocer las modificaciones en seguridad antes y después de octubre de 2019 y fallas, entre otros puntos.

 

 

 

Estacionamiento. (Archivo / La Voz)