Cannabis, el fallo Funaro y la conducta de los dos concejales

   La defensa de los concejales Federico Labarthe y Cristian Raising, acusados en una causa por tenencia de droga que incluyó allanamientos y secuestros en la sede del INTA Tornquist de plantas y semillas de cannabis para supuesto uso medicinal, planteó como antecedente el “fallo Funaro”, referido a un caso de autocultivo cannábico con fines terapéuticos en el que la acusada fue sobreseída.

   El doctor Mario Coriolano, defensor ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense y que intervino en la causa contra Adriana Funaro, una productora de aceite de cannabis medicinal detenida en 2017, dijo que ese hecho, registrado en Ezeiza, guarda estrecha similitud con lo que pasó en la ciudad serrana.

   El dictamen “sentó un precedente relevante” en este tipo de casos, agregó.

   Casi dos años antes de la detención, un vecino había denunciado y acusado a Funaro de vender marihuana. El 20 de febrero de 2017 la policía arrestó a la mujer, luego imputada del delito de “siembra, cultivo de plantas y tenencia de semillas utilizables para la producción y/o fabricación de estupefacientes” (ley de drogas).

   En su domicilio se incautaron 36 plantas de marihuana.

   En realidad, ella cultivaba cannabis para combatir sus dolores artríticos y para ayudar en la salud de adultos y niños, entre ellos una nena de 3 años con microcefalia.

   La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora falló de forma unánime que la mujer no cometió ningún delito al cultivar cannabis en su casa con fines medicinales.

   “El cultivo hallado en el interior de la vivienda de Funaro tenía como único fin un uso medicinal, sin la afectación alguna al bien jurídico protegido por la norma”, explicaron los camaristas en referencia a la salud pública.

   “Cuando la Cámara la sobreseyó, el fiscal del Departamento Judicial Lomas de Zamora llevó el caso al Tribunal de Casación Penal, donde el fiscal de Casación, Carlos Altuve, estudió el tema e hizo un dictamen muy importante para los fiscales”, opinó Coriolano.

  “Porque explica que, independientemente de vacíos reglamentarios que el Estado sigue sin cubrir, es necesario garantizar el ejercicio del derecho a la salud de esta gente y no meter a la justicia penal”, dijo Coriolano.

   “A Del Cero le llevamos ese dictamen, que no conocía. El Tribunal de Casación lo avaló y ordenó la devolución de las plantas para que se elabore la medicina. Fue un caso muy conocido en la comunidad de usuarios de aceite medicinal”, completó el jefe de los defensores oficiales de la provincia, que visitó Bahía Blanca para tomar contacto con el expediente y entrevistarse con los acusados y el fiscal de la causa.

Cree que debió aplicarse otra ley

   A criterio de Coriolano, Del Cero cometió un “error judicial” en el caso de Tornquist al aplicar la ley de estupefacientes (23.737), en vez de acogerse a la norma 27.350 relacionada con el “uso medicinal del cannabis y la reglamentación del ministerio de Salud de la Nación, que crea el Registro del Uso Medicinal del Cannabis”.

   “El fiscal Del Cero estaba entendiendo que este era un caso de tenencia de estupefacientes para consumo o comercialización, por eso le pedimos que revisara la calificación inicial. No estuvo de acuerdo y tomó indagatoria a los 4 imputados por ese delito”, explicó.

   En el “fallo Funaro” los camaristas Tomás Bravo, Martín García Díaz y Jorge Tristán Rodríguez destacaron el avance que “la sociedad argentina viene dando en relación al uso terapéutico y medicinal de la planta de cannabis”.

   Además entendieron que en este contexto “el uso paliativo y medicinal de la planta de cannabis, con resultados comprobados científicamente a nivel nacional e internacional, no puede ser desconocido”.

   Funaro cumplía arresto domiciliario antes de ser sobreseída por falta de mérito.

   Todo comenzó por un problema “de medianera” con un vecino.

   Por sobre una pared lindera el hombre tomó fotografías a las plantas de marihuana en la vivienda de la nombrada, radicó la denuncia y a la mujer le allanaron su domicilio, le secuestraron la producción y la aprehendieron.

   “Es un caso igual al de Tornquist”, dijo Coriolano.

Joaquín, su caso y otro final

   Otro caso resonante, relacionado con el cultivo de cannabis, fue el de Joaquín, un chico de Río Negro, con síndrome de Tourette, cuya familia había sido autorizada a cultivar cannabis para obtener aceite y tratar así la patología del niño, pero en 2019 la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó ese fallo.

   Los jueces Mariano Lozano, Richar Gallego y Ricardo Barreiro decidieron modificar la medida cautelar otorgada, lo que implica “emplazar al Estado Nacional (por medio de las autoridades sanitarias de aplicación) a proveer cautelarmente en un plazo de 10 días, el aceite de cannabis en la cantidad y calidad necesaria para atender las necesidades del niño”.

   Los magistrados resolvieron además “dejar sin efecto la autorización para cultivo de plantas de cannabis”.

   En julio de 2018 la jueza federal de Viedma, Mirta Fillipuzzi, había autorizado a la madre y a los abuelos de Joaquín a cultivar cannabis con “exclusivo destino medicinal” para el niño, hasta que “el Estado suministre aceite, cremas y material vaporizable”.

La acusación planteada por la fiscalía

   Hace 11 días, Raising y Labarthe, quien dirige la delegación tornquistense del INTA, fueron aprehendidos durante procedimientos a cargo del fiscal Mauricio del Cero, bajo la acusación de tenencia simple de estupefacientes.

   Durante su indagatoria, el ingeniero agrónomo Labarthe declaró que el médico Nicolás di Biase le había indicado a su mujer la “terapia con aceite de cannabis” para tratar su fibromialgia y artritis.

   Raising, en tanto, relató que produce este aceite para su madre por prescripción médica y reconoció ser consumidor de marihuana con fines “recreativos”.

   En las diligencias también se arrestó a Omar Navas y a su mujer, Teresa Haag, cultivadora de cannabis para tratar fibromialgia.

   Posteriormente la jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, ordenó liberar a los 4, al entender que se debía profundizar la investigación, con pruebas de descargo.

   Por lo tanto, Promé rechazó la conversión en detenciones de las aprehensiones dispuestas.

   Del Cero, además de sostener su postura acusatoria, cree que los concejales pudieron haber tenido un fin de aprovechamiento político con esta situación de “beneficencia”.